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PREOCUPACIÓN POR PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN MUNICIPIOS

20 de Junio de 2017
ccenergia
La Cámara Colombiana de la Energía ve con inmensa preocupación la tendencia a prohibir las actividades extractivas legales en diferentes municipios del territorio nacional. Las actividades extractivas realizadas de manera responsable no sólo garantizan un manejo cuidadoso de los recursos naturales y la adecuada recuperación del área al finalizar la actividad extractiva, sino que a través del pago de impuestos, regalías, tasas por uso del agua y otros tributos, es la actividad económica que más aporta a las arcas del Estado y por lo tanto, al desarrollo nacional.
 
Es con los dineros de estos tributos que se financian las inversiones en infraestructura de transporte y servicios públicos que son vitales para que otras actividades relacionadas con la educación, la salud y la comercialización de los productos básicos puedan ser atendidas a bajos costos y en condiciones competitivas para los habitantes de los territorios.
 
Adicionalmente, ninguna de las decisiones de prohibir las actividades extractivas legales en los territorios impedirá el actuar de las bandas criminales que a través de la minería ilegal y de los cultivos ilícitos, depredan los recursos naturales sin ningún pudor; antes la prohibición de la actividad legal es una invitación a que los criminales se establezcan en los municipios que prohíben la explotación legal.
 
Como consecuencia de lo anterior, la actitud de los líderes políticos y comunitarios que promueven la prohibición de las actividades extractivas legales en sus territorios, es en el mejor de los casos irresponsable con el ambiente, con la sostenibilidad de los recursos naturales en sus territorios y con el futuro de sus comunidades, a las que dicen proteger y defender.
 
Por ello, hacemos un llamado al Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible e Interior, a líderes políticos y demás actores involucrados para trabajar mancomunadamente en fortalecer su estrategia de comunicación para que permita dar una información asertiva a las comunidades sobre los pros y contras de la actividad extractiva legal.