[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.22.7″][et_pb_row _builder_version=»3.22.7″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.22.7″][et_pb_text _builder_version=»3.22.7″]

Un proyecto de ley intenta dar fin a esa mala práctica que afecta el avance de microempresas.

Juan Gómez* es el gerente general de una empresa que ensambla equipos industriales y provee compañías del sector de las bebidas en el Valle del Cauca y otros departamentos del país.

Él considera que algunas grandes empresas están abusando de su posición de mercado para extenderles a los proveedores los términos de pago hasta 210 días o más.-

 “Están apretando a muchas empresas, muchas de las cuales no tienen acceso al sistema financiero, trabajando con la plata de ellos hasta por siete meses”, explicó.
En su opinión, esto es nefasto para la competitividad de las compañías, de diversos tamaños, que tienen que adquirir insumos y pagar impuestos, arriendos y salarios.

“Lo mismo está pasando con empresas del sector de materiales para construcción y materias primas; nos están quebrando así a los que no tenemos acceso al sistema financiero”, explica el empresario.

Agrega que también tiene proveedores a los que les debe pagar a 30 días, por lo que debe salir al mercado de descuento de facturas (‘factoring’) y obtener liquidez.

Mal general

La queja de este empresario refleja un problema que se ha ido agravando con el paso de los años en Colombia, y es el de un cambio sustancial en el comportamiento en el pago de las facturas, que es totalmente distinto al de hace una década, cuando al proveedor se le anticipaba hasta el 50 por ciento del valor total de la operación.

El representante del partido Alianza Verde y coautor del proyecto de ley, Mauricio Toro Orjuela, dice que es optimista respecto a que la norma para contrarrestar el acto ilegal salga avante en esta legislatura y se obligue a las grandes empresas a pagar las facturas en un plazo máximo de 30 días y a las medianas, en 60.

El proyecto, explicó Toro, permitiría dar un respiro a los pequeños y medianos proveedores.

Se avalaron los artículos que no tenían proposición: trámites de facturación, sanciones y pago de indemnización por incumplir. Los artículos restantes son los más importantes y sensibles

Igualmente, considera que la iniciativa crea mecanismos para multar a quienes intenten dilatar el proceso de pago de los documentos e implementa herramientas que garantizan el anonimato para quienes denuncien ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) cuando no hay oportunidad en el desembolso de la obligación.

El actual proyecto de ley también es un consenso sobre una iniciativa presentada en septiembre pasado al Congreso por la Cámara Colombiana de la Energía (CCENERGÍA), Acopi, Acoplásticos, Andigraf, Coimpresores, Asopartes, Asomicrofianzas y Confecoop, gremios que se declaran afectados por la demora en las cancelaciones de las facturas.

El proyecto, aunque con variantes, cuenta ya con el aval del Gobierno, que pone como ejemplo la reciente promulgación en Chile de la llamada Ley Pago 30 días, que establece ese periodo como plazo máximo para la cancelación a las pymes proveedoras de las grandes empresas o del Estado.

Además, según el parlamentario, existe cierto consenso en que el plazo para pagar una factura en Colombia sería de 60 días durante los primeros cinco años de vigencia de la norma y de 30 después de los 10 años. No obstante, sostiene que se deberán estudiar ponencias modificatorias como la del propio Gobierno, que planea como plazo 45 días y un año de gracia para que las empresas adecúen los pagos a ese término legal.

“Se avalaron los artículos que no tenían proposición, y corresponden a trámites de facturación, sanciones y el pago de indemnización por incumplimiento. La verdad es que los artículos restantes son los más importantes y sensibles, por eso generan mayor debate”, asevera el congresista.

Optimismo en Acopi

Entre tanto, la presidenta ejecutiva del gremio Acopi, Rosmery Quintero Castro, afirma que, por conversaciones con los ponentes del proyecto, habría consenso para que a las mipymes y microempresas se les establezca como plazo de pago los 30 días y a las medianas, 45.

“Hay que seguir insistiendo porque hay incomodidad por parte de diferentes grupos de interés”, dice.

Según la directiva, la regulación internacional indica que se debe defender a la parte más débil de la cadena de pagos, como son las medianas empresas, que son el enlace con las micro y las pequeñas.

En su opinión, el gremio es partidario de una solución intermedia del problema, como es el pago a 45 días, para no dejar la puerta abierta a acuerdos entre las partes superiores a dicho lapso.

Reparos de Fenalco

Por su lado, el vicepresidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Eduardo Visbal, dice que consideran inconveniente el proyecto porque se trata de negocios entre particulares y que pone plazo fijos sobre las operaciones comerciales.

“No es lo mismo proveer productos perecederos, que se pueden pagar más rápido, que los de origen industrial y tecnológico, que son de distinta maduración. Es de la naturaleza de los negocios que entre los privados exista la flexibilidad suficiente para que en las diferentes situaciones y ciclos pongan plazos a los pagos de las facturas”, afirma. Para Mauricio Toro, el coautor del proyecto, Fenalco es el gran opositor del proyecto y las tesis que ha presentado dilatan la discusión.* Nombre cambiado

‘La iniciativa corre peligro de caer en discusiones’
Tres preguntas a Mauricio Toro, coautor del proyecto.

El proyecto de ‘Pago a plazos justos’ podría caerse en el Congreso de la República. Así lo estima el representante Mauricio Toro, al señalar que los tiempos para el primer debate son cortos.

Por ello, considera que los próximos días son decisorios para la suerte de la iniciativa.

¿Por qué no se discutió el proyecto de ley esta semana?
​
Tuvo un primer debate el 8 de mayo, en el que se aprobaron cinco artículos, pero se suspendió para que una subcomisión revisara todas las proposiciones radicadas para modificar los tres restantes.

La subcomisión se reunió el lunes y los miembros, representantes de varios partidos, llegaron a un acuerdo.

Ahora el informe de esa subcomisión debe ser votado por la Comisión Tercera en su siguiente sesión, que, probablemente, será el martes.

¿Existe el peligro de que se caiga?

Sí, es un riesgo latente. Todos los proyectos que no hayan tenido su primer debate antes del 20 de junio quedan automáticamente archivados. Y, por experiencia, sabemos que durante junio las comisiones no sesionan, ya que la plenaria se convoca para casi todos los días previos a la terminación de la legislatura.

¿Cuáles son los cuatro artículos aprobados en el Congreso?

Se avalaron los artículos que no tenían proposición, y corresponden a trámites de facturación, sanciones y el pago de indemnización por incumplimiento. La verdad es que los artículos restantes son los más importantes y sensibles, por eso generan mayor debate.

Los artículos que han sido concertados en la subcomisión son el ámbito de aplicación de la ley, el plazo de pago (30, 45 o 60 días) y el tiempo de entrada en vigor de la ley en estudio.

Tomado de El Tiempo.com: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/pequenos-proveedores-claman-por-pagos-en-plazos-mas-justos-363630

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]