“Necesitamos que las consultas se vuelvan más operativas, con capacidad de decisión rápida, por parte de autoridades y comunidades”, advierte Carlos Zarruk Gómez, Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía (CCEnergía).
La anterior gestión de Iván Duque se había propuesto que, desde el 2018 –año de asunción- al 2022, alcanzaría a los 2.500 MW de energías renovables.
Si bien el objetivo no fue cumplido, pudo elevar la potencia instalada de renovables inicial, que se encontraba en los 50 MW, a los 880 MW, entre grandes y pequeñas plantas eólicas y solares fotovoltaicas.
Según el exministro de Minas y Energía, Diego Mesa, para finales de este año esos 880 MW podrían alcanzar el objetivo inicial de Gobierno pasado: los 2.500 MW, si es que los proyectos en construcción entraran en operación.
Del mismo modo, indicó que al 2023 podría incorporarse otros 2.000 MWp más, alcanzando aproximadamente los 4.500 MWp a finales del próximo año.
En diálogo con Energía Estratégica, Zarruk Gómez, Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía (CCEnergía), destaca que por las señales que ha dado el nuevo Gobierno de Gustavo Petro es probable la continuidad hacia la expansión de las renovables, y que Colombia llegue a su objetivo máximo: ser carbono neutrales al 2050.
Sin embargo, Zarruk advierte que deberán trabajar sobre un factor que es clave no sólo para la expansión de proyectos renovables, sino para el desarrollo de líneas eléctricas que permitan el despacho de la energía limpia que pudieran generar estas plantas, será estandarizar el proceso de consultas previas.
“Necesitamos que las consultas se vuelvan más operativas, con capacidad de decisión rápida, por parte de autoridades y comunidades”, sostiene el referente de CCEnergía.
Explica que al día de hoy este proceso de negociación entre las empresas y las comunidades “se prolonga unos tiempos muy largos” lo que reciente el desarrollo de proyectos.
Es por ello que para el dirigente será fundamental que se debata una Ley de Consultas Previas que fije reglas claras y beneficie proporcionalmente a ambas partes: las empresas y las comunidades. “Necesitamos reglamentar las consultas para q sean más efectivas, respetando derechos constitucionales”, observa Zarruk.
El dirigente cuenta que aún no se han reunido con el equipo de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, pero que están en gestiones.
Cabe indicar que muchos de los emprendimientos adjudicados en subastas de renovables se encuentran paralizados debido a no poder avanzar en consultas previas.
El caso emblemático es la línea eléctrica en 500 kV Colectora, que recorrerá 475 kilómetros desde el centro-norte de La Guajira hacia el centro-sur del Cesar. La obra tenía que entrar en operaciones en 2022 pero se fue postergando y ahora la fecha se inclina hacia el 2024.
Esto sucede porque Grupo Energía Bogotá, empresa que lleva a cabo el proyecto, requiere de acuerdos con más de 200 comunidades para montarlo. Han logrado acercamientos con unas 140 a pesar de la pandemia del COVID. Pero restan otras 70 para concluir con este procedimiento.
El próximo 5 y 6 de octubre, CCEnergía desarrollará su VIII Congreso, denominado ‘El impacto de la transición energética en la economía’.