Para gremios y analistas, un cambio abrupto de las reglas de juego pueden afectar la inversión.

El anuncio del presidente Gustavo Petro de asumir personalmente las funciones de las comisiones de regulación de servicios públicos dejaron al sector eléctrico con incertidumbre y nerviosismo, sobre todo en un momento en el que el Gobierno busca apostarle fuertemente a una transición energética, para la cual la seguridad jurídica y confianza inversionista son fundamentales.

Así, tanto gremios como analistas mostraron su preocupación ante dichas declaraciones por lo que esto representaría para la institucionalidad y el mercado.

De hecho, la misma Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) invitó al presidente a mantener la naturaleza independiente de los organismos reguladores, porque solo así se logrará se tomen decisiones “objetivas, imparciales, consistentes y técnicas”.

La seguridad jurídica, en peligro

Con la puesta en marcha de 25 granjas solares, dos parques eólicos, 10 proyectos de autogeneración a gran escala y más de 3.000 proyectos solares fotovoltaicos de pequeña autogeneración, el país ya suma una capacidad instalada de 880 megavatios (MW) en operación, que es más de 30 veces lo que había en 2018 (28,8 MW), y cuyas inversiones totalizaron alrededor de $3,1 billones.

En este sentido, para Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), este anuncio del presidente pone en riesgo la confianza inversionista. “Las empresas hacen inversiones en generación porque confían y creen en la regulación. Decisiones como las que toma Petro pueden llegar a que se frenen esos recursos”, agregó.

Por su parte, Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables de Colombia (SER), afirmó que el sector lleva varios años con el mismo modelo y lógica, y estas declaraciones traen “consecuencias negativas”, ya que si bien se está a la espera de los decretos y normas que se expidan, hay nerviosismo e inquietud en el mercado.

“En los próximos dos años la inversión en renovables en el país ascenderá a más de US$3.000 millones, y la mayoría de empresas extranjeras que las realizarán apenas están llegando al país. En este sector hay mucho interés, muchos proyectos en curso y otros esperando que se aprueben puntos de conexión. También hay muchos recursos comprometidos, y estas declaraciones pueden generar desconfianza en los inversionistas”, dijo Corredor.

Claridad en las reglas del juego

La regulación de energía inició después de los apagones de los años 90, producidos no solo por el fenómeno del Niño sino por el desequilibrio entre la producción y el consumo de energía. Fue a partir de ese momento que vinieron leyes como la 142 (de servicios públicos) y 143 (Ley Eléctrica) de 1994, que reformaron al sector completamente, abriéndolo a la inversión privada, creando instituciones como la Creg y el Centro Nacional de Despacho (CND), ahora XM.

Y aunque el argumento del presidente Petro para intervenir esas comisiones de regulación es el incremento que en el último año tuvieron las tarifas de servicios públicos —la electricidad y el gas subieron 22,40% y 21,93%, respectivamente—, para la economista María del Pilar López la energía funciona como un mercado: oferentes y compradores, y el precio que los primeros ofrecen está determinado por el futuro, más no por el presente, lo que explica los precios altos.

“Si se esperan mañana choques negativos de oferta, los precios hoy pueden ser altos. Este es el caso de Colombia, se están anticipando sequías y ya hay retrasos en proyectos (…) Así los embalses estén llenos, el ruido que hay sobre el abastecimiento mañana y la incertidumbre para asegurar nuevas inversiones que mejoren la capacidad que tenemos hace que se prefiera ofrecer poco a precios muy altos”, expresó López a través de Twitter.

Y agregó que la incertidumbre sobre las reglas de juego dificulta la atracción de inversión nueva, ya que si se abren subastas, por ejemplo, es probable que pocos, o nadie, se presenten. Además de que si bien otros oferentes, como las plantas térmicas, podrían competir y ofrecer mejores precios, su costo de oportunidad, por el momento, es muy alto.

Del mismo modo, Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, opinó que mensajes que vayan en contra de preservar la institucionalidad y cambios abruptos en las reglas de juego terminan afectando y ralentizando las decisiones de inversión, así sea en sectores que en teoría se están promoviendo.

“Esto es una invitación al Gobierno a seguir profundizando la transición energética responsable, pero siendo muy prudente y claro en los mensajes que se dan, de tal forma que se maximicen los beneficios que todos esperamos y no que se terminen generando perjuicios a nivel económico, social y energético”, advirtió.

Así las cosas, el llamado de gremios como la Cámara Colombiana de la Energía al Gobierno Nacional es a mantener un modelo en el que participen actores públicos y privados, tal como ha funcionado en los últimos 30 años.

“Una intervención política en la actividad regulatoria podría traer consecuencias graves a mediano y largo plazo, pues este es un sector en el que el análisis técnico debe prevalecer en la toma de decisiones”, enfatizó el gremio.

 

Nota: https://www.elcolombiano.com/negocios/desempleo-cerro-el-2022-con-una-tasa-de-112-JC20225378