Empresas, gremios, exministros de Minas y excomisionados han advertido acerca de los peligros de intervenir este sector. ¿De qué hablan?
Después de un mes de especulación, y casi que tira y afloje entre gremios y Gobierno, el presidente, Gustavo Petro, firmó el decreto que le permite regular los servicios públicos en Colombia, especialmente en aspectos como la fijación de la tarifa.
El decreto llega luego de una intensa artillería por parte de empresas, gremios, antiguos reguladores y exministros de Minas que han advertido acerca de los riesgos de tomar esta decisión.
Entre otros argumentos, esta larga lista de actores del sector ha advertido que la decisión del presidente torpedea el andamiaje que se estructuró para evitar un nuevo apagón como el sufrido durante el gobierno del expresidente César Gaviria.
Ahora bien, en el decreto, firmado por el presidente, los ministros de Hacienda, Minas, Vivienda y el director del Departamento Nacional de planeación, se deja claro que se reasumirán las funciones delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y la Comisión de regulación de Energía y Gas. Ante las muchas observaciones sobre la necesidad de fijar un periodo límite para asumir estas funciones, el gobierno se decantó por apenas tres meses.
Y en en el articulado del decreto se deja constancia de que Presidencia asumirá las funciones de regulación, que incluyen el tema tarifario, pero que al mismo tiempo las comisiones de regulación y otras entidades del sector de los servicios públicos podrán darle apoyo técnico al primer mandatario, siempre y cuando este lo solicite.
¿Cuáles son los reparos con la idea del presidente Petro?
Primero hay que aclarar que el problema de fondo es que las tarifas de la electricidad han jugado un papel importante en el crecimiento de la inflación general. Y esto es mucho decir, si se tiene en cuenta que el aumento en los precios en Colombia supera las mediciones de las últimas dos décadas, por lo menos.
Para enero, el IPC reportado por el DANE se situó en 13,25 % y en este gráfico se puede ver cómo escaló duramente en 2022.Sin embargo, intervenir las tarifas, como lo anunció el presidente Petro, no es el camino correcto, sostienen analistas del sector y del mercado financiero. “Lo primero es reconocer que hay un problema en término del aumento tan grande que tuvieron las tarifas de la energía, incluso del gas, el año anterior, bastante por encima de la inflación. Reconociendo ese problema, también es importante hacerlo con la necesidad de tramitar las soluciones a ese problema dentro de la institucionalidad que ha funcionado muy bien durante los últimos 30 años”, señaló el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.
La situación es más delicada cuando el país comienza a presentar déficit de energía en firme, situación que se acentuará a partir de 2025. Por eso se van a requerir unas subastas en las que se espera la participación de importantes inversionistas del sector.
Y aquí llega el primer problema: subir o bajar las tarifas “por capricho presidencial”, como lo dice un analista, introduce ruido e incertidumbre en un renglón en el que se necesita inversión para poder seguir ampliando capacidad de generación y, así, evitar problemas de abastecimiento en un futuro para nada lejano.
Vale la pena aclarar que en el decreto queda estipulado que las labores que realice el presidente en estos tres meses frente a los servicios públicos estarán enmarcadas en los lineamientos de sujeción de los valores constitucionales, garantía de divulgación y participación ante las determinaciones, y eficiencia económica. Estos principios están consagrados constitucionalmente como los mínimos que deben regir en la prestación de los servicios públicos.
Así mismo, también hay que agregar acá que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) convocó este mismo jueves a una nueva de expansión para la “asignación de obligaciones de energía firme”, un paso definitivo para ir asegurando el panorama de abastecimiento eléctrico a futuro.
Esta decisión fue celebrada, a su vez, por la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), que dijo a través de un comunicado que “desde hace unos meses atrás puso a consideración del Gobierno Nacional la importancia de avanzar en la convocatoria de la subasta del Cargo por Confiabilidad planteada por la CREG, por lo que esta resolución tomada por el Regulador se convierte en un motivo de celebración para el sector, ya que permite asegurar las señales de inversión para expansión en proyectos de generación en el marco de una transición energética justa, gradual y segura”.
La propia CREG advirtió esta semana que la decisión de intervenir la regulación de servicios públicos tiene lados flacos y peligrosos. “Hoy tenemos el reto de incorporar más inversión en la construcción de plantas de generación, tanto convencionales como no convencionales, para ampliar la capacidad de energía firme del sistema para los años 2027 y siguientes, para atender el crecimiento de la demanda energética de esos años, aun en condiciones críticas, y para ello debemos preservar la confianza en la regulación del Estado y mantener la señal de que cualquier modificación a las normas del sector será el resultado de un análisis técnico riguroso y transparente y, que en todo caso, se protegerán los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas consolidadas y la inversión ejecutada con base en la confianza legítima en la estabilidad de las reglas fundamentales”.
A juicio del director de Fedesarrollo, la alternativa de retomar funciones desde la Presidencia de la República para bajar las tarifas, ya sea por decreto o por algún tipo de instrumento administrativo, “podría naturalmente generar incertidumbre en el sector, especialmente frente a las nuevas inversiones que son necesarias para continuar generando la expansión del sector”. Lo mejor es tramitar esas diferencias dentro de las comisiones de regulación, donde el Gobierno Nacional hace presencia de manera importante, de nuevo “reconociendo que existe un problema que hay que resolver, y ese problema se debe resolver con medidas de corto, mediano y largo plazos”, sostiene Mejía.
En una entrevista reciente con este diario, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen aseguró que “normalmente, las intervenciones tienen un efecto contrario al que se espera, pues se aumenta la percepción de riesgo y esto disminuye la confianza inversionista. En un sector cuyas inversiones para los próximos años superan los $20 billones y que anualmente representa alrededor de $7 billones en tributos, estos cambios sin soporte, sin análisis técnico, sin una socialización adecuada, ponen en riesgo mantener estos niveles de inversión y, lo que es más delicado, la calidad de la prestación del servicio a los usuarios”.
Así mismo, desde la Cámara Colombiana de Energía se advirtió que “la intervención política en la actividad regulatoria podría traer consecuencias graves a mediano y largo plazos”. El presidente del gremio, Carlos Alberto Zarruk, sostiene que el eléctrico “es un sector en el que el análisis técnico debe prevalecer en la toma de decisiones sin dejar de incluir, por supuesto, componentes de apoyo social cuando sea necesario en algunos momentos y en algunas regiones del país”.
De fondo, buena parte de los pronunciamientos en contra de la decisión tomada por el presidente Petro se pueden agrupar bajo una visión expresada por un usuario en Twitter: las decisiones que se toman colectivamente ahora serán reemplazadas por el pensamiento de un individuo y esto es creer que la visión de uno es mejor que la de varios.