Bogotá, 25 de octubre de 2022: En este comunicado presentamos la visión de la Cámara Colombiana de la Energía sobre dos propuestas fundamentales del gobierno del presidente Petro. La primera, la posición del gobierno en cuanto a la producción de hidrocarburos en el país y, en segundo lugar, el proyecto de ley de reforma tributaria que actualmente está en discusión en el Congreso de la República.
Frente al primer tema consideramos que uno de los pilares de la Transición Energética es la producción de energía con fuentes limpias y no contaminantes del medio ambiente, aspecto fundamental para garantizar la sostenibilidad ambiental del planeta, lo cual tiene un valor evidente con el que estamos de acuerdo. Este es un proceso de mediano y largo plazo que ya comenzó y que no tiene reversa tanto a nivel nacional como internacional. Hace cuatro años la capacidad instalada de generación de energía con FNCER en nuestro país era de 0,20%. Actualmente está cerca del 5% y ya estamos proyectando llegar a una participación entre el 15% y 20% en el futuro cercano. Sin embargo, este proceso de suspensión de las fuentes de generación con recursos fósiles, debemos adelantarlo de manera coherente y responsable con la situación económica del país, dada la importancia de la producción de hidrocarburos en la economía colombiana. Efectivamente, en el año 2021, las exportaciones totales del país fueron de $41.390 millones de dólares, de los cuales $13.514 millones corresponden a petróleo, $5.652 millones a carbón, para un total de $19.166 millones de dólares de exportaciones de estos dos productos que equivalen al 46% del total de las exportaciones del país. El gobierno nacional ha manifestado su decisión de respetar y continuar con los actuales contratos de exploración, pero no firmar contratos nuevos, lo cual se traduce en que no habrá o se reducirá drásticamente la producción de estos combustibles en el mediano plazo. Esto tiene un impacto muy grave sobre nuestra economía y las finanzas públicas del país, toda vez que deberíamos en un plazo corto reemplazar el 46% de las exportaciones y generar los recursos que a las finanzas públicas le aportan las regalías por la producción de estos bienes. El gobierno ha presentado su propuesta de diversificar las exportaciones para, entre otros propósitos, cubrir el déficit que se presente por la reducción de las exportaciones de hidrocarburos. Sin embrago, este proceso de diversificación de exportaciones es altamente complejo y el país viene trabajando en él desde hace más de dos décadas con resultados muy pobres ya que nuestra capacidad exportadora no ha tenido ningún incremento desde hace 50 años, y cada año exportamos una cifra cercana al 14% del PIB en las últimas cinco décadas. El 70% de las exportaciones están concentradas en productos agrícolas y de minería debido a que la competitividad de las empresas del sector industrial y de tecnología no es suficiente para participar de una manera dinámica en el mercado internacional. Por tanto, es un riesgo muy alto para el crecimiento de nuestra economía y la sostenibilidad de las finanzas públicas suspender la producción de hidrocarburos sin que exista la seguridad del reemplazo de estos recursos en el mediano plazo.
En cuanto al proyecto de ley de reforma tributaria, consideramos que son válidos los propósitos fundamentales de la propuesta como la equidad tributaria vertical, en el sentido de que tributen más quienes tengan mayores niveles de ingreso. Sin embargo, consideramos que el contenido de la reforma afecta de manera grave la sostenibilidad empresarial y la generación de empleo y, por tanto, el crecimiento económico del país. Actualmente Colombia tiene una tasa efectiva de tributación alta para las empresas y con la reforma se estarían introduciendo elevados incrementos que afectarían la sostenibilidad y la inversión nacional y extranjera en los proyectos empresariales. Entre estos se encuentran el incremento de la tasa impositiva al 35% y las sobretasas al sector financiero (5%), al sector de hidrocarburos (10%) y al sector de generación de energía eléctrica (3%). Igualmente, se eliminan un conjunto de deducciones entre las que se encuentran los pagos de regalías del sector de hidrocarburos, que afectarán de manera grave la rentabilidad de las empresas del sector y la inversión extranjera en estas actividades. El límite que se coloca a las deducciones puede afectar de manera relevante los estímulos tributarios creados por la ley 1715 de 2014 para fomentar la generación de energía con FNCER, especialmente el beneficio que permitía deducir de la renta hasta el 50% de la inversión en los proyectos de generación de energía con fuentes renovables.
En conclusión de lo expuesto, consideramos que, aunque los propósitos fundamentales que orientan las propuestas del gobierno en estos dos temas son válidos, la materialización de los mismos y las medidas concretas que se proponen pueden afectar de una manera grave la actividad empresarial y el crecimiento económico del país, pues el pilar fundamental del desarrollo económico lo conforman la sostenibilidad y el crecimiento del sector empresarial.
Carlos Alberto Zarruk Gómez
Presidente Ejecutivo
CCEnergía