La Cámara Colombiana de Energía aseguró que una decisión así podría afectar la prestación del servicio en el país.
A través de comunicado la Cámara Colombiana de Energía (CCE) resaltó la importancia económica y social de la prestación del servicio de energía en el país, asegurando que esta ha sido la razón por la cual la ley en Colombia debe darle un “tratamiento especial al tema de las tarifas de energía”.
En ese sentido recordó que la legislación le asignó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) la función de regular las tarifas de energía.
Y afirma que “sería un error grave pretender fijar las tarifas basados fundamentalmente en criterios políticos”, teniendo en cuenta que este es un sector en el cual las decisiones económicas deben basarse en análisis técnicos muy sólidos y profundos dada la complejidad técnico-económica en las diferentes variables de la prestación del servicio.
Advierte que pretender que los precios se fijen con criterios exclusivamente políticos y sociales “podría llevar a una crisis de efectos impredecibles en el sector con consecuencias catastróficas en la prestación de un servicio fundamental que debe ser provisto con excelentes niveles de seguridad y calidad para todos los colombianos”.
Para la Cámara Colombiana de Energía un reto que debe asumir el Gobierno y las entidades regulatorias es “expedir las normas que rigen la operación del sector basadas en criterios y análisis técnicos, teniendo en cuentas algunas consideraciones de orden social para favorecer a la población de menores ingresos y con una regulación que controle la captura irregular de beneficios por parte de los actores con gran poder de mercado».
La CCE reitera que este es un “reto grande” que no puede simplificarse con la propuesta de fijar tarifas basadas exclusivamente en consideraciones políticas.
Concluye el comunicado afirmando que es necesario que se cumplan los compromisos de transferencias de subsidios, el traslado de los saldos de la opción tarifaria e impulsar los programas de eficiencia energética entre otras acciones para controlar los costos de la tarifa, “sin estigmatizar a quienes han creído en el país, invirtiendo en el sector energético, generando empleo, pagando impuestos y llevando bienestar y desarrollo a los colombianos”.