En medio de la búsqueda de una salida a la crisis por las altas tarifas de energía en el Caribe colombiano, el Gobierno nacional le ha apostado a cuatro pilares ‘inamovibles’. Se trata de una serie de líneas de acción que ha adoptado para avanzar en la transición energética y posibilitar una transformación de la fórmula tarifaria.
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, salió en defensa del proyecto que ha liderado el Ejecutivo, ante los cuestionamientos desde distintos sectores tras la alocución hecha por el presidente Gustavo Petro alrededor de la actualidad de la crisis energética en el país.
En ese sentido, el ministro Camacho resaltó que se han logrado registrar más de 18 mil comunidades energéticas, de las cuales, 100 se encuentran implementadas y en proceso de registro en el Registro Único de Comunidades Energéticas (RUCE).
De acuerdo con el funcionario, 33 de dichas comunidades energéticas se encuentran en La Guajira, mientras que en Chocó se cuenta con 22. Le siguen departamentos como Putumayo (15), Cesar (9), Risaralda (8), Guainía (3), Guaviare (3), Sucre (2), Arauca (1), Cauca (1), entre otros.
Camacho también dijo que se avanza en la construcción de otras 1.014 comunidades energéticas en el territorio nacional, tal como lo anticipó el jefe de Estado el pasado fin de semana.
Otras advertencias
Mientras que la Cámara Colombiana de Energía (CCE) resaltó la importancia económica y social de la prestación del servicio de energía en el país, asegurando que esta ha sido la razón por la cual la ley en Colombia debe darle un “tratamiento especial al tema de las tarifas de energía”.
En ese sentido recordó que la legislación le asignó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) la función de regular las tarifas de energía.
Y afirmó que “sería un error grave pretender fijar las tarifas basados fundamentalmente en criterios políticos, teniendo en cuenta que este es un sector en el cual las decisiones económicas deben basarse en análisis técnicos muy sólidos y profundos dada la complejidad técnico-económica en las diferentes variables de la prestación del servicio”.
Y advirtió que pretender que los precios se fijen con criterios exclusivamente políticos y sociales “podría llevar a una crisis de efectos impredecibles en el sector con consecuencias catastróficas en la prestación de un servicio fundamental que debe ser provisto con excelentes niveles de seguridad y calidad para todos los colombianos”.
Para la Cámara Colombiana de Energía, un reto que debe asumir el Gobierno y las entidades regulatorias es “expedir las normas que rigen la operación del sector basadas en criterios y análisis técnicos, teniendo en cuentas algunas consideraciones de orden social para favorecer a la población de menores ingresos y con una regulación que controle la captura irregular de beneficios por parte de los actores con gran poder de mercado».