El Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 en su artículo 191 decreta la derogación del impuesto al alumbrado público, creado en la Ley 97 de 1913, con el cual los municipios costean la energía que consume el sistema, las inversiones en la infraestructura de alumbrado, la operación y mantenimiento de las luminarias y la interventoría que se le hace a todo el sistema.
Anualmente sostener este servicio tiene un costo de 1.6 billones de pesos a nivel nacional, dinero que se obtiene del recaudo impuesto que hoy se quiere derogar en el PND y sin que exista una alternativa de financiación se generaría un “hueco” enorme a las finanzas de muchos municipios que hoy no tienen cómo costear las obligaciones que generan la prestación del servicio público de alumbrado con fuentes alternativas, por lo que adquirirán enormes deudas con las empresas de energía y con los prestadores del servicio.
Desde el año pasado la Presidencia de la República y el Ministerio de Minas y Energía están trabajando en un proyecto de Decreto en el que se reglamenta la nueva fuente de financiación del servicio de alumbrado público, pero éste aún está en borrador y si no logra salir antes de la fecha límite que se cumple a finales de junio del presente año, quedaría «desfinanciado» el servicio, lo cual traerá consecuencias en toda la cadena de las compañías prestadoras y de las empresas de ingeniería que hacen el mantenimiento.
La cámara Colombiana de la Energía – CCEnergía como gremio de empresas colombianas relacionadas con la cadena de valor del sector de energía eléctrica, asociadas con el propósito fundamental de trabajar con el Gobierno Nacional y con otros organismos, actores y gremios del país, a fin de generar iniciativas empresariales y promover políticas públicas que permitan el desarrollo sostenible del sector energético, hace un llamado a la Presidencia de la República y al Ministerio de Minas y Energía para agilizar la expedición del Decreto reglamentario, teniendo en cuenta los comentarios que se han enviado con el fin de evitar que su regulación signifique un aumento de la tarifa del servicio de alumbrado público para todos los colombianos.